¿Sabemos si la protección de espacios naturales sirve para algo?
Un área natural protegida, sea parque nacional, parque natural, reserva natural, paisaje protegido, reserva marina, etc., no debería considerase una finalidad en sí misma, por más demanda social que tenga o mandatos legales que lo amparen, sino como un instrumento creado para conseguir otras finalidades superiores, empezando por la conservación del patrimonio natural y cultural asociado, que puede ser compatible con el fomento de ciertos usos agropecuarios y forestales, o bien de carácter recreativo, pedagógico, o científico.
Que la figura legal y el modelo de gestión particular sea adecuado a la diversidad de contextos, condiciones naturales, sociales y políticas que se conjugan en cada caso concreto, dista mucho de estar garantizado, por lo que debe demostrarse en cada caso. Y debe hacerlo periódicamente, puesto que los contextos no son estáticos, sino cambiantes. Mientras que algunas áreas protegidas han dado respuestas adecuadas a su finalidad, o misión, en otros casos no ha sido así, y son bastantes los que han experimentado un cierto grado de fracaso, atribuible a factores diversos, a menudo ajenos a sus gestores. Lo mismo podría decirse para las redes o los sistemas de espacios protegidos creados por la mayoría de Comunidades Autónomas desde el restablecimiento de la democracia.
Por otra parte, hay que señalar que incluso en las áreas protegidas mejor gestionadas, los resultados obtenidos raramente coinciden con los esperados. Los efectos inesperados pueden ser positivos, neutros o negativos respecto a los objetivos propios del área natural. Las causas de los efectos negativos inesperados pueden ser claras y simples, o complejas, una combinación de factores internos y externos, nada fácil de identificar. Entre los primeros, pueden faltar o ser inadecuada la planificación o la gestión, o pueden faltar medios esenciales para llevarla a cabo, sea de personal, equipamientos o económicos, o puede que la implicación de la población local se insuficiente.
En cuanto a los factores externos, pueden ser diversos, desde la falta de coordinación administrativa, la falta de integración de las políticas sectoriales potencialmente conflictivas (agrarias, forestales, turísticas, de infraestructuras, etc.), la aparición de nuevas presiones o impactos procedentes de procesos de ámbito general, o las acciones que infringen las normas del área protegida. No hay que olvidar que las políticas de conservación se insieren en un contexto nacional, europeo y global cada vez más complejo, variable e insostenible, desde el punto de vista medioambiental, que lleva asociadas pérdidas crecientes de biodiversidad.
Fuente: www.lavanguardia.es
