El reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos hace agua en España. Pese al aumento en el consumo de estos equipos y del crecimiento de la basura electrónica (fruto de su obsolescencia programada), la actividad de las plantas de reciclaje se desploma. Múltiples interferencias frustran una correcta gestión de estos desechos. Transportistas y recogedores clandestinos desvían los residuos del circuito oficial, hacen acopio de ellos y los desguazan por su cuenta para canibalizar -como se dice en el argot-, los materiales más valiosos (hierro, cobre, aluminio…). Así, dejan sin tratamiento adecuado los desechos más peligrosos para el medio ambiente.

Leonardo Díaz Pineda, gerente de la empresa Recilec (Aznalcóllar, Sevilla), dedicada al reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (móviles, vídeos, teles…), está desesperado. Su empresa llegó a recibir 22.500 toneladas de desechos anuales; en cambio, el año pasado sólo trató 12.500 toneladas.

“Los residuos eléctricos y electrónicos crecen tres veces más que el resto de desechos; pero, por desgracia, no lo notamos”, dice haciendo trizas las esperanzas en el reciclado como motor de la economía verde. La falta de trabajo le ha obligado a sacrificar 25 empleos (quedan 47), y ahora teme que debe afrontar otra reducción de plantilla.

Ramon Altadill, gerente de Electrorecycling (El Pont de Vilomara, Bages), dice que el volumen de la basura electrónica que recibe se ha reducido un 50% desde el 2010. El grueso de los desechos no pasa el filtro de una correcta gestión en instalaciones homologadas. Dos tercios no tienen un tratamiento adecuado, dicen los expertos. “Es difícil tener datos; es economía sumergida”, recuerda Josep Maria Tost, director de la Agència de Residus de Catalunya.

Los circuitos de recuperación y reciclado fallan desde su raíz. Los comercios están obligados a recoger un aparato electrónico desechado sin coste adicional para el cliente cuando este compra un nuevo. Pero se resisten a la entrega; la rechazan. Así bloquean la primera vía para propiciar su reciclado. Además, los usuarios pueden depositar el material en los puntos limpios o puntos verdes municipales, desde donde también deben viajar a las plantas de reciclado.

Pero hay demasiadas vías de fuga. Buena parte de los desechos nunca llegan al punto limpio (punto verde). La gran superficie o el comercio ceden la recogida domiciliaria del viejo equipo (una nevera, por ejemplo) a transportistas que utilizan el residuo como parte del pago por deshacerse del equipo. Y los transportistas venden el material a chatarreros no homologados (en lugar de llevarlo a una planta de reciclado) porque les interesa vender hierro o el cobre (mientras que en una planta de reciclado cobran menos, pues se debe descontar el tratamiento del material peligroso). Además, lo que se mueve es dinero en negro.

Los asaltos en los puntos limpios son continuos. Algunas deixalleries de Barcelona han sufrido robos nocturnos que han obligado a recurrir a la protección con guardas jurados. Además, otros recogedores hacen acopio de material procedente la renovación de equipos en empresas, administraciones u hoteles convenciendo a sus responsables de que enviarán los equipos al tercer mundo para ser reutilizados, aunque luego se venderán como mera chatarra. Unos 2.000 aparatos, sobre todo neveras, fueron decomisados hace unos meses en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, como un coletazo más de la operación Fragmento (medio millón de frigoríficos que acabaron en vertederos en diversas zonas de España), que investiga la Fiscalía.

Leonardo Díaz sospecha que los puertos de Málaga y Algeciras han sido empleados para exportar estos desechos a Marruecos. La exportación de residuos de peligrosos está prohibida y sólo está permitida si los equipos van a servir como equipos de segunda mano.

“La crisis habrá influido. La precariedad seguro que ha llevado a algunos a intentar buscarse la vida con los residuos; pero el problema viene de lejos, no es solo la crisis. El problema es la falta de transparencia del modelo”, dice la OCU.

La OCU hizo un seguimiento de 16 aparatos en desuso devueltos a la tienda o depositados en un punto limpio para comprobar si completaban el correcto itinerario de reciclado. Y el resultado del examen (que contó con un rastreador conectado por satélite) fue que sólo cuatro aparatos fueron a plantas autorizadas. La consecuencia es un fraude. El ciudadano, cuando compra un equipo, paga por adelantado una tasa por el reciclado. Esos ingresos permiten a los fabricantes (sistemas integrados de gestión) disponer de ingresos para financiar los puntos limpios. Por eso, “si no se hace una buena gestión, el dinero cobrado se lo queda el fabricante”, dice Leonardo Díaz.

La segunda consecuencia es ambiental. Los desguazadores canibalizan los materiales más valiosos (hierro, cobre, aluminio…), pero no tratan los otros materiales que requieren un gestión cuidadosa y especializada (PCB, gases refrigerantes, mercurio, plomo), con lo cual todos los desechos van a contaminar el suelo, las aguas o la atmósfera. “La Administración no hace que se cumpla la ley que obliga a tratar esos desechos de forma adecuada”, dice Daniel López, portavoz de Ecologistas en Acción. “No se ponen sanciones por estas malas prácticas. Vamos a peor”, añade. Xavier Riba, presidente del Gremi de Recuperació de Catalunya, señala que hay falta de transparencia en la tasa de reciclado, y pide mayor participación de los recogedores históricos. Un 30% de establecimientos que hacen esta gestión son ilegales. Son esos “los que compran a los recogedores urbanos que desguazan ilegalmente en la propia calle, sin ninguna consideración medioambiental”.

Fuente: La Vanguardia

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