Espacios naturales protegidos en vano
La macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en un pantano del noroeste de la provincia de Cáceres, es ilegal. Sus 180 villas turísticas, su hotel, su campo de golf y sus atraques para barcos nunca debieron construirse. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo, igual que en 2011 lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las organizaciones ecologistas llevaban avisando desde 2007, pero las obras siguieron adelante. Ahora que el Supremo ordena demolerlas, la Junta de Extremadura alega que es tarde, que devolver la zona a su estado natural sería incluso más perjudicial para el medio ambiente. El mayor complejo turístico y de ocio de Extremadura se levantan en terrenos incluidos en Natura 2000, la red europea de protección ambiental. Lo que no impidió que se edificara, y quizá tampoco pueda evitar que siga donde está.
El Supremo también declaró ilegal en 2011 la carretera M-501, entre Madrid y Ávila, que atraviesa el parque regional del curso medio del río Guadarrama. Para entonces, ya estaba construida. Cuando los tribunales pararon el proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, ya se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la protección que se les presupone. Son los propios Estados los que designan estas zonas y los que deben gestionarlas.
